Las contrataciones que realice la nueva empresa pública Petroecuador (Petroecuador EP), al igual que las otras creadas en el marco de la Ley Orgánica de Contratación Pública, estarán eximidas de contar con los informes previos de la Contraloría y la Procuraduría General del Estado.

Así lo establece el numeral 5 del artículo 34 de la indicada ley, la cual solo obliga a tener informe previo del Comité de Deuda y Financiamiento (controlado por el Ejecutivo), en el caso de requerirse contrataciones de crédito o líneas de crédito previstas en la ley para la recuperación del uso de los recursos petroleros.

Esto, según el ex presidente de Petroecuador, Jorge Pareja Cucalón, institucionalizaría las contrataciones "a dedo", como ya ha ocurrido en el presente Gobierno con el contratos de Pungarayacu, entre otros.

El analista, al igual que los expertos Augusto Tandazo y Fernando Villavicencio, también cuestionan la conformación del Directorio, mismo que estará integrado por el ministro de Recursos Naturales no Renovables, el secretario de Planificación y un representante del presidente de la República, lo que "convertirá a la empresa en una dependencia del Ejecutivo", señalaron.

Ellos también coincidieron en que la creación de la empresa, vía decreto ejecutivo, es inconstitucional, a pesar de que así lo establece el artículo 5 de la Ley de Empresas Públicas. Esto, porque la Constitución (artículo 225) determina que estas deben ser creadas por ley.

Según Villavicencio, el decreto (está por firmarse) de creación de la nueva "Petro" que elimina las filiales -tendrá un gerente general y seis operativos- busca que el presidente maneje la empresa a través de los miembros del Directorio, lo que se orientaría a "privatizar el negocio hidrocarburífero". (JR)